En Kenia, la Junta Regulatoria de Servicios del Agua (WASREB) debe evaluar y recomendar las tarifas de agua y alcantarillado a los proveedores de servicios del agua a nivel de cada condado, y debe aprobar la imposición de dichas tarifas en consonancia con los estándares de protección al consumidor y los intereses de otras partes interesadas. Hay trestipos de tarifas(tipo I, II y III)según el tipo de costo que cubre cada una. El tipo I cubre los costos de mantenimiento y de operación, y algunos administrativos básicos. El tipo II incluye lo anterior, más el pago de deudas existentes. Por último, las tarifas de tipo III incluyen todos los costos de otras tarifas, con la adición de los costos de las inversiones y la depreciación (recuperación total del costo). Esta estructura de tarifas garantiza el acceso para todas las personas, con precios diferenciados en función de los diferentes grupos socioeconómicos.

En Perú, el Decreto Legislativo 1280/2016 y el Decreto de Urgencia 11/2020 estipulan que la regulación económica de los servicios de agua y saneamiento tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y gestión eficiente y sostenible de tales servicios de saneamiento, así como de los productos y servicios derivados de dichos servicios, cuando no se presenten situaciones de competencia. La regulación económica se guía por los principios de: eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social, sostenibilidad ambiental, prevención de riesgos, simplicidad, transparencia, no discriminación y costo-beneficio. La regulación económica de tales servicios es competencia exclusiva y excluyente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento(SUNASS) a nivel nacional, y comprende, entre otros, la fijación, revisión, reajuste del nivel, determinación de la estructura tarifaria y de cargos de acceso, así como el proceso de desregulación. La SUNASS determina los costos económicos de la prestación de los servicios a partir de la evaluación que realice de los planes maestros optimizados de los prestadores con el objetivo de la universalización, de los planes para la prestación del servicio de las unidades de gestión municipal y de los operadores especializados y de lo establecido en los contratos de asociación público-privada.

El régimen tarifario estipulado en la Ley 2066 está orientado por los principios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, de modo que las tarifas no trasladen a los usuarios los costos de una gestión ineficiente ni permitan al operador prácticas anticompetitivas; que el usuario tenga el mismo tratamiento tarifario que otros usuarios de la misma categoría tarifaria; que la estructura de tarifa redistribuya los costos según la capacidad de pago de los usuarios, generando la recuperación de los costos y gastos propios de operación, expansión, la reposición y el mantenimiento, así como la remuneración del patrimonio de los accionistas; que las fórmulas tarifarias resulten de fácil comprensión, aplicación y control; y que el régimen tarifario sea explícito y completamente público.

Los principios que rigen las tasas, tarifas o cuotas son:
a) Recuperación total de los costos de operación y mantenimiento.
b) Recuperación de los costos de reparación que garanticen la sostenibilidad de los servicios.
c) Asegurar el costo más bajo a los usuarios, precautelando la seguridad y continuidad del servicio.
d) Neutralidad, simplicidad y transparencia, conforme se define en el artículo anterior.
e) Retorno a las inversiones realizadas con empréstitos, sin remunerar el capital proveniente de donaciones, subvenciones o aportes a fondo perdido.

La tarifa es aprobada por la Superintendencia de Saneamiento Básico, conociendo la opinión técnicamente fundada del Gobierno Municipal, quién a su vez efectuará consultas con las instancias de Participación Popular.