En Kenia, el organismo regulador WASREB sigue su estrategia de ejecución para hace cumplir las decisiones
relacionadas con las tarifas a través de las siguientes acciones:

• Emisión de multas.
• Ordenar el pago de sanciones por parte de los licenciatarios a terceros perjudicados por la acción o la inacción de los licenciatarios.
• Imposición de sanciones por tasas reguladoras impagas.
• Enjuiciamiento de los delitos cometidos por los titulares de licencias en virtud de la Ley del Agua o recomendación de acción judicial de los culpables a otros organismos públicos interesados por delitos relacionados con cualquier otra ley.
• Uso de la vía judicial en los procedimientos de revisión judicial.
• Recomendar al ministerio la destitución de la alta gerencia y del consejo de administración de la junta de servicios de agua si el titular de la licencia ignora los informes de inspección.
• Ordenar la destitución de la cúpula directiva del proveedor de servicios de agua y de la junta de directores.
• Cancelación del acuerdo de suministro del servicio.
• Transferencia de licencias a otros titulares.

En Paraguay, el régimen sancionatorio considera dentro de las infracciones leves cuando se aplican tarifas que no corresponden a la categoría del usuario, o al volumen consumido. Por otro lado, se considera una infracción grave emitir facturación por algún tipo de servicio no prestado, incluyendo tarifas no autorizadas, o en exceso del margen autorizado para facturación por promedios, así como efectuar cobros no permitidos en el régimen tarifario; aplicar cargos y tarifas unitarias mayores a los autorizados es una infracción gravísima. La gravedad de la infracción se relaciona con las sanciones aplicables, correspondiendo apercibimiento a las faltas leves, multa de distinta magnitud a las graves y gravísimas; pudiendo darse lugar a la rescisión o revocación de la concesión cuando exista Informe de una Auditoria Contable Financiera y Técnica Independiente Externa que en concordancia con los Reglamentos Tarifario establezca irregularidades en los estados contables y/o en la administración financiera o técnica que coloquen en riesgo la normal gestión del servicio, o cuando se aplique tarifas no autorizadas a más del treinta por ciento (30%) de los usuarios.

En Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) puede imponer sanciones a quienes violen las normas, según la naturaleza y la gravedad de la falta. Estas multas pueden llegar a estar entre el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para personas naturales y el equivalente a cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales para personas jurídicas. El decreto 1158 de 2017 reglamenta los criterios y metodología para graduar y calcular las multas por parte de la SSPD por infracciones relacionadas con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. El procedimiento para la imposición de las multas está determinado por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.