En Kenia, el organismo regulador WASREB, dentro de la lista de verificación de análisis de licencias, establecida en la Ley del Agua de 2002, siempre evalúa las políticas de adquisición de los operadores de la siguiente manera:

En Colombia, la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos permite que se celebren contratos mediante invitación pública para que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Dentro de los criterios para otorgar dichos contratos, la ley incluye la tarifa siempre que la fórmula para su determinación, que proponga el oferente, cumpla con los criterios orientadores de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Dichas fórmulas tarifarias deben ser parte del contrato y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), de acuerdo con la ley, podrá modificarlas cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al principio de neutralidad o abuso con los usuarios del sistema. La CRA también puede intervenir cuando se presenten prácticas tarifarias restrictivas de la competencia tales como:

• Cobrar a los usuarios de un mercado competitivo, o cuyas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando el prestador atiende servicios en otros mercados en los que tiene una posición dominante o en los que sus tarifas están sujetas a regulación.
• Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales con el fin de desplazar competidores, prevenir la entrada de nuevos prestadores o ganar posición dominante ante el mercado o ante usuarios potenciales.
• Discriminar contra unos usuarios que poseen las mismas características comerciales de otros, dando a los primeros tarifas más altas que a los segundos, aún si dicha discriminación se da en un mercado competitivo o cuyas tarifas no estén reguladas. Los prestadores están obligados a declarar cualquier cambio que pueda potencialmente reducir la competencia.

En Chile, de acuerdo con la Ley General de Servicios Sanitarios, la prestación de los servicios públicos asociados a producir y distribuir agua potable y a recolectar y disponer aguas servidas, puede efectuarse bajo un esquema de competencia abierta por el mercado, en virtud de una concesión, otorgada por decreto del Ministerio de Obras Públicas, previa recomendación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

En ese marco, las empresas prestadoras están obligadas a adelantar licitaciones públicas para adquirir bienes o contratar servicios que superen un tope mínimo establecido legalmente. Acorde con lo anterior, cada año los prestadores deben informar a la SISS sobre los contratos y transacciones asociadas a la compra de bienes o servicios, con el fin de que la entidad compare los precios de dichos contratos y transacciones con los precios de mercado, con base en una muestra representativa, e identifique diferencias estadísticamente significativas que deban ser informadas a la Superintendencia de Valores y Seguros, la cual puede adelantar sanciones  y acciones específicas al respecto.

Por otro lado, cuando se presenten acuerdos de fusión entre dos o más empresas prestadoras, estos deben someterse a la aprobación de la SISS, la cual verifica que dicho acuerdo no infringe las normas legales. En ese sentido, la SISS debe pronunciarse dentro de los sesenta (70) días siguientes a la fecha en que le sea solicitada su aprobación.